Escribe: NOEL ANTONIO PONGUTA BARACALDO., Administrador de Empresas de Sogamoso

Una vez iniciado el Concordato cuando éste se incumpla, cualquiera de los Acreedores puede solicitar a la Superintendencia de Sociedades ordenar la liquidación. Este camino se ha recorrido y no existe ninguna posibilidad legal de evitarla. Ahora surgen los oportunistas que tratan de encontrar los responsables de esta determinación y lanzan acusaciones irreflexivas como si la calentura estuviera  en las sábanas.

Si de enjuiciar se trata habría que hacer un análisis exhaustivo, objetivo, técnico y serio que considere todas las variables y que no se vaya por las ramas sino que profundice en sus verdaderas causas recientes, pretéritas y remotas. Muy seguramente, nadie conscientemente se atrevería a lanzar la primera piedra.

La época de las vacas gordas cuando el proteccionismo del estado favoreció la gestación fácil de las ventajas económicas obtenidas a la sombra de las gabelas aduaneras. Se hicieron muchos estudios para ver si la empresa era viable o no, pero poco se avanzó en la aplicación de las técnicas modernas de administración y mucho menos en la aplicación de políticas de administración de los recursos humanos que trataran de comprometer a los trabajadores en el logro de los objetivos de la empresa para hacerla competitiva y mantenerla en el mercado. Dos huelgas de los trabajadores y varios laudos arbitrales aseguraron ventajas laborales que han contribuido irremediablemente al descalabro económico de la Empresa. La pensión anticipada en cinco años a la legal es una muestra de la grave situación por la cual atraviesa un numeroso grupo de extrabajadores que hoy cobran directamente su pensión mientras transcurre el quinquenio que les permitiera que el Seguro Social, asumiera su pago. No se debe olvidar que a causa de la legislación especial que protege el trabajo minero muchos de ellos accedieron a la pensión solamente con 15 años de trabajo y sin contar la edad.

El despilfarro que no faltó, la pérdida de materiales, equipos y herramientas y productos terminados, los pesados procedimientos administrativos y de venta, centralizados en Bogotá y a precios no siempre ventajosos sobre los demás del mercado contribuyeron a la hecatombe. En Sogamoso, por ejemplo era más fácil comprar un producto elaborado en Medellín que uno fabricado en Belencito porque había que comprarlo en Bogotá.

Las relaciones laborales no marcharon en forma armónica sino completamente polarizados tanto que los planteamientos de buscar la cooperación Sindicato-Dirección no tuvieron cabida pese a que fueron planteados casi 10 años atrás. Pudo más la política de pedir y pedir a costa de la inseguridad económica de la empresa. El sistema disciplinario impuesto a través de la Convención Colectiva resultó inoperante por haber establecido una tercera instancia centralizada en Bogotá que fallaba sin el conocimiento de causa suficiente.

Es cierto que la apertura económica desencadenó la crisis por haber tomado a la empresa sin los arrestos necesarios para enfrentarla, sin la modernización que la hiciera competitiva, sin una estructura de costos que le permitiera disminuir los efectos de las importaciones, del dumping  y del contrabando, pero como se ve no fueron las únicas causas del insuceso.

Por ello, siempre sostuvimos que la única salida era la de la nacionalización para garantizar que a pesar de las pérdidas obvias el Estado Social de Derecho que nos rige constitucionalmente, las asumiría, tal como lo hizo con Ecopetrol, cuando no producía utilidades, pero era necesario mantenerla activa para evitar que el petróleo quedara inexplotado. Así mismo no sostener activa a Acerías Paz del Río es condenar al país a que se queden inexplotados: el mineral de hierro, el carbón coquizable y la calisa.