Una condición básica para lograr un correcto funcionamiento del Estado, y una mayor correspondencia entre lo que éste ofrece y lo que la sociedad demanda, es la disponibilidad de información acerca de los actos de gobierno.

Se trata del elemento primario del que se deben hacer los ciudadanos para poder premiar las buenas acciones y desalentar los desvíos cometidos. Desde otra perspectiva, los mecanismos de participación política, cualesquiera que fueren ellos (voto, debates, etc.), fallarán o serán subutilizados, si el acceso a la información pública es muy costoso o si peor aún, esta última se encuentra ausente.

¿Por qué la información suele ser un bien escaso, especialmente cuando se refiere a las acciones del Gobierno? En primer lugar, debe decirse que la información es un bien público; puede ilustrarse el punto con un ejemplo cotidiano como lo es el pronóstico del tiempo: todos los ciudadanos pueden beneficiarse en forma simultánea de esta información y no sería eficiente excluir a alguien del acceso a la misma.

Ahora bien, en el caso particular del bien público información, y particularmente cuando ésta se refiere a los propios actos de gobierno, surge una restricción adicional relacionada a los políticos y burócratas: ¿tienden estos a proveer información completa de su propia gestión? ¿Es razonable pensar que dejarán fluir incluso aquella que ponga en riesgo sus intereses?

En el ámbito local existe un caudal importante de información de tipo estadístico (aspectos de información general, turística presupuestarios, impositivos, etc.) y de simple acceso vía el web-site que dispone el Municipio en Internet. Pero existe una carencia significativa de indicadores de gestión, que en definitiva son los que resultan más útiles a la hora de la valoración ciudadana, así como de un programa sistemático de divulgación que permita llegar al público no especializado y facilite el procesamiento de la información. Existen serias dudas en el manejo transparente de la contratación directa, que es la que le permite al Alcalde, contratar cuando el valor del contrato por celebrar sea igual o inferior al 10% de la menor cuantía, y que las entidades pueden celebrarlo tomando como única consideración los precios del mercado, sin que se requiera obtener previamente varias ofertas, o sino ¿como, se explica que en 2004 tan solo 2 contratistas (de cerca de 314 de 2004) se hayan beneficiado con mas de $165.000.000 de la contratación directa, con casi un contrato por mes.?

Puede inferirse que resta mucho por hacer en materia de provisión y acceso a la información pública, especialmente en los niveles de institutos descentralizados de gobierno, un Ejemplo claro es Coservicios, entidad sometida a un régimen de Derecho Privado en sus actos y Contratos, la que amparada en este argumento, no permite conocer siquiera a sus propietarios (accionistas) el estado financiero, económico, de proyectos y contratación; crasa equivocación cometen al no distinguir que una cosa es que en sus contratos no reciban el control propio del Derecho Publico y otra bien distinta el que todos los papeles de la empresa estén sometidos a reserva. Vale la pena recordar que se trata de un empresa de naturaleza mixta, en la que el Municipio de Sogamoso posee mas del 60% de la propiedad accionaria, que es presidida por el Propio Alcalde y son miembros de Junta directiva tres Secretarios de Despacho del Alcalde, subalternos de este (Todos los anteriores Funcionarios Públicos), y en la que se comprometen cuantiosos recursos del orden municipal y nacional vía convenio; sin embargo la administración de esta querida empresa, patrimonio de los Sogamosenos esta empeñada en alegar la reserva de absolutamente toda la información. La información sobre Coservicios, dada la naturaleza de los servicios que esta presta es pública "perse" y debe estar a disposición del usuario y de los accionistas sin límites temporales y de oportunidad.

El desafío del Gobierno local es grande en este tema. Como ciudadanos, nuestro compromiso debe ser involucrarnos de una manera más concreta en la tarea de monitoreo de los actos del gobierno, si pretendemos que estos últimos no se aparten de su objetivo natural, que sin dudas debe ser el de procurar el mayor bienestar del conjunto.